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FARC y Gobierno buscan limar diferencias sobre acuerdo de justicia

"Se convino un cronograma de trabajo del grupo de juristas, que comenzará con una reunión el próximo sábado 17 de octubre", informaron las partes.

 Integrantes de la comisión encargada de crear el borrador para el punto de justicia del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC. 

Los juristas del Gobierno y de las FARC se reunirán el próximo día 17 para tratar de conciliar las diferencias de interpretación sobre el acuerdo de justicia, aprobado el 23 de septiembre, informó este viernes un comunicado conjunto.

"Se convino un cronograma de trabajo del grupo de juristas, que comenzará con una reunión el próximo sábado 17 de octubre", dice el texto, publicado en la página pazfarc-ep.org, resultado de una reunión en esta jornada de las partes en La Habana.

El encuentro se realizó en "presencia de Cuba y Noruega, países garantes, con el objetivo de buscar solución a diferencias recientes sobre la interpretación de algunos aspectos de la Jurisdicción Especial de Paz y sus desarrollos", añade.

El jueves, ambas delegaciones concluyeron su ciclo 42 de conversaciones con reclamos y ataques recíprocos ante la prensa, imagen contrarrestada en el comunicado con la fórmula: "La reunión se desenvolvió en un ambiente respetuoso y constructivo".

El acuerdo firmado en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las FARC, Timochenko, consta de 75 puntos, pero el 23 de septiembre sólo se publicó un comunicado de 10.

Mientras la guerrilla sostiene que es un acuerdo "cerrado" e "inmodificable", el Gobierno opina que es un documento en "construcción" y no acabado.

El acuerdo contempla la creación de un tribunal especial, juicios y penas de cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, pero amnistía para delitos políticos.

Los abogados del Gobierno son José Manuel Cepeda y Juan Carlos Henao, y el estadounidense Doug Cassel; y los de las FARC Álvaro Leyva y Diego Martínez, y el español Enrique Santiago.

El trabajo de los juristas se desarrollará durante el receso entre el ciclo 42o., recién concluido, y el 43o., que comenzará el 27 de octubre.

Limar las diferencias es esencial, pues ambas partes se comprometieron ese día a firmar la paz antes del 23 de marzo del 2016. Las FARC comenzarán a desarmarse 60 días después de la firma del acuerdo para convertirse en movimiento político.

"Son las FARC las que faltan a la verdad": Humberto de la Calle

"Jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable", aclaró en La Habana el jefe negociador del Gobierno.

Los negociadores del Gobierno rechazaron este jueves la "arremetida verbal injustificada e inaceptable" de las FARC, que apelan a cumplir la "palabra empeñada" en el acuerdo sobre justicia, e insistieron en que se trata de un "documento en desarrollo" que requiere precisiones.

"Hubo un acuerdo plasmado de diez puntos, pero respecto del documento largo, jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable", aclaró ante la prensa en La Habana el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle.

De la Calle aclaró que lo que las partes acordaron fueron las "bases" del sistema integral de justicia para la paz, un documento de diez puntos que se basó en un documento más extenso de 75 puntos, que "la delegación del Gobierno siempre sostuvo que se trataba de un documento en desarrollo que exigía ser terminado y precisado".

De la Calle indicó que la noche antes de anunciar el acuerdo, él personalmente, como jefe de la delegación, dijo a los negociadores de las FARC: "Al documento le falta, podemos firmarlo y entregarlo a los garantes en el entendido de que exige mayores desarrollos y en algunos casos, precisiones".

Insistió en que en la mañana del 23 de septiembre -cuando se anunció en La Habana el acuerdo con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC, 'Timochenko'- se comunicó telefónicamente con el jefe negociador de la guerrilla 'Iván Márquez' para advertirle de que firmaría el documento junto a la anotación "documento en desarrollo".

De la Calle aclaró los puntos del pacto de justicia en los que las partes todavía no se han puesto de acuerdo, entre los que destacó que el Gobierno rechaza que el secuestro pueda ser objeto de amnistía, el alcance y garantías frente a las ordenes de extradición y las condiciones de la restricción efectiva de la libertad para los que reconozcan sus delitos.

También indicó que el tratamiento de los agentes del Estado en la jurisdicción especial para la paz "no ha sido resuelto y tiene que ser objeto de decisiones en Colombia por parte de las autoridades competentes" y que la elección de los magistrados del tribunal de paz no ha sido acordada.

Para cerrar estos puntos, De la Calle señaló que el Gobierno ha propuesto que se reúna nuevamente el grupo de juristas que diseñó el acuerdo, a lo que las "FARC se han negado".